Las administraciones públicas son responsables del 18% del consumo de los productos de madera y papel en España, de ahí la necesidad de un compromiso en materia de política de compra responsable de productos forestales, tal y como establece la Ley de Montes, en la que se dé prioridad a los productos de madera certificada para evitar el consumo de productos cuyo origen desconocido pueda ser ilegal o insostenible.

Además, las administraciones públicas españolas tienen un poder de compra equivalente al 13% del PIB. Optando por productos de alimentación, mobiliario o productos de papelería con componentes de Comercio Justo pueden contribuir a un desarrollo sostenible que implica condiciones comerciales más justas, respeto a los derechos de los productores y trabajadores -especialmente los de países de economías más frágiles-,  y fomento de la responsabilidad social y medioambiental en la cadena de suministro.